En Ecuador se vive un lawfare recargado contra Rafael Correa, dice dirigente político

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En Ecuador se vive un «lawfare recargado» contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017) ya que el Gobierno intenta proscribirlo de las próximas elecciones de 2021, dijo el secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana (izquierda), Virgilio Hernández, en un texto enviado a EL SUDACA.

«Se despliega todo el poder del Estado para lograr la sentencia ejecutoriada contra Correa y eliminar del registro electoral al Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, lo que confirmaría el deterioro de la democracia y el Estado de derecho que se vive en Ecuador (…) En Ecuador se vive un Lawfare recargado que reformó la constitución de la República para impedir la candidatura de Rafael Correa», afirmó Hernández.

El término inglés lawfare, cuya traducción habitual al español es guerra jurídica o guerra judicial, se refiere al uso abusivo de los procedimientos legales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente. El lawfare permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. El lawfare se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación.

Según Hernández, las acciones de la Contraloría, del sistema de justicia, de algunos miembros del Consejo Nacional Electoral y la mayoría de los partidos políticos buscan impedir que Rafael Correa sea candidato a la vicepresidencia.

EL ROL DE LA CONTRALORÍA

El 10 de marzo, la Controlaría General del Estado emitió el informe borrador en el que pretendía retirar el registro electoral otorgado en agosto de 2016 a Revolución Ciudadana, registro que le permitió participar en las elecciones de 2017, 2018 y 2019.

El Consejo Nacional Electoral dispone de treinta días, a partir del 23 de junio de 2020, para responder a la predeterminación establecida por la Contraloría; sin embargo, «hay toda una ofensiva de las diferentes funciones del Estado para influir en las decisiones que asuman los órganos electorales», sostuvo Hernández.

«Con esta nueva pretensión la Controlaría se entromete en la labor de una función del Estado sobre un asunto en el que no tiene competencia de acuerdo a lo que dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica y pretende modificar las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, que en ejercicio de sus competencias determinó la existencia y legalidad de Revolución Ciudadana», agregó.

«ESTADO AUTORITARIO»

Hernández aseveró que crece la preocupación de que en Ecuador se esté consolidando un «Estado autoritario», en el que se supere la legalidad para justificar abusos y arbitrariedades.

«En este contexto de un Estado autoritario, cuatro décadas después del retorno democrático, parecería que el país vuelve a esperar las condiciones mínimas que estuvieron presentes en los años 80 del siglo pasado; esto es: libertades para la participación política, elecciones competitivas y procesos electorales (…) Estas acciones de parte del Gobierno de (Lenín) Moreno solo se explican por el miedo de las élites al regreso del correísmo y porque algunas altas autoridades perciben ese potencial regreso como amenaza personal debido a las acciones abiertamente inconstitucionales e ilegales que han ejecutado», agregó.

Las elecciones de Ecuador se realizarán el 7 de febrero del 2021 para elegir al presidente y vicepresidente para el período 2021-2025. Correa, quien enfrenta varios juicios en Ecuador y actualmente se encuentra en Bélgica, ha reiterado en los últimos días que pretende ser candidato a vicepresidente.

 

 

 

 

 

 

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